Hacienda estudia cómo eximir de pagar el impuesto de plusvalía en las ventas con pérdidas

plusvalía en la venta de pisos

El Ministerio de Hacienda y Función Pública estudia “todas las posibilidades” para adaptar el conocido como impuesto municipal sobre las plusvalías, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado su aplicación en los casos en el que los terrenos o inmuebles se hayan vendido con pérdidas.

Fuentes de Hacienda han indicado a Efe que los técnicos ya “están estudiando la situación”, a pesar de que por el momento el dictámen solo se aplica en Guipúzcoa, porque “cualquier decisión judicial nos afecta directamente”.

En una sentencia conocida la pasada semana, el Constitucional anuló varios artículos de la normativa foral de Guipúzcoa relativas al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida como plusvalía municipal.

Este impuesto local grava el incremento de valor de los terrenos urbanos desde que un determinado propietario lo adquirió hasta su venta, aunque para calcular esa revalorización no utiliza el importe real de las operaciones sino que aplica sobre el catastro unos coeficientes en función de los años que hayan transcurrido.

Así, puede darse la circunstancia -como ha ocurrido en los años de crisis económica e inmobiliaria- de que el propietario de un terreno lo venda a un precio inferior al de compra y, aun así, tenga que abonar el impuesto sobre la plusvalía.

Ahora el Constitucional especifica que en los casos en los que el terreno o inmueble haya perdido valor -es decir, “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”- no existe plusvalía y, por tanto, no puede cobrarse el impuesto.

Hacienda puntualiza que esta sentencia se limita a la normativa de Guipúzcoa, aunque todos los expertos consultados consideran que dada su similitud con la ley de financiación de haciendas locales, es previsible que el Constitucional resuelva los recursos pendientes en el mismo sentido.

En cualquier caso, el Constitucional no aclara cómo debe acreditarse la inexistencia de ese incremento de valor ni define el horizonte temporal para la reclamación, es decir, si solo pueden iniciar el trámite los contribuyentes que hayan abonado el impuesto en los últimos cuatro años o si este periodo se extiende.

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