El Ministerio de Energía quiere extender a todas las comercializadoras el pago del bono social

el-ministro-de-energia-turismo-y-agenda-digital-alvaro-nadalEl Gobierno redactará “en semanas” un real decreto-ley para regular el bono social eléctrico -al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables- a fin de cumplir las exigencias del Tribunal Supremo sobre su financiación, que recaerá en las comercializadoras de electricidad “sin exclusiones”.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha reunido hoy con todos los grupos parlamentarios para buscar una salida a la reciente sentencia del Supremo que anuló el modelo de financiación del bono social, que hasta ahora recaía básicamente en las grandes eléctricas.

Además, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de definir con mayor precisión a qué personas o colectivos debe proteger el bono social.

La oposición ha reclamado una “tregua invernal” para que no se corte el suministro de electricidad y gas a las familias que no pueden pagar las facturas.

Al término del encuentro, Nadal ha dicho que ha habido unanimidad entre todos los partidos para mantener el modelo de bono social, pero salvando los “escollos” que plantea la sentencia del Supremo.

El Alto Tribunal ha anulado el actual sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que deben pagarlo.

Desde 2013, el pago recae en las compañías con actividades de producción, distribución y comercialización, lo que se conoce como “integradas”.

Aunque se trata de 23 empresas, a cada una le corresponde un porcentaje en función de sus clientes.

Endesa (41 %), Iberdrola (37,9 %), Gas Natural (14,7 %), HC (3,2 %) y Viesgo (2,2 %) asumen el 99 % del coste, que ronda 200 millones de euros anuales.

Ampliarlo a todas las comercializadoras haría que el coste se repartiera entre unas 250 empresas.

Nadal ha explicado que la actuación del Gobierno girará en torno a dos ejes: por un lado, el régimen de financiación del bono social y los requisitos para acceder a él; y, por otro, la forma de atender las situaciones de vulnerabilidad.

Sobre este último punto, el titular de Energía ha destacado el papel que deben tener las entidades locales y regionales.

Nadal ha subrayado también que, más allá de la negociación con los grupos políticos, es necesario respetar las competencias de las autonomías.

Ante este planteamiento, la mayoría de la oposición ha acusado al Gobierno de escudarse en una posible invasión de competencias autonómicas para no aprobar una ley que garantice una “tregua invernal”.

Al respecto, el diputado de ERC Josep Capdevila se ha preguntado: “¿qué es lo importante: la competencia autonómica o que está refrescando?” Capdevilla ha asegurado que no ve invasión alguna de competencias.

La diputada socialista Pilar Lucio ha dicho que las comunidades autónomas y los ayuntamientos han tenido que tomar medidas para garantizar el suministro de luz y gas a los colectivos más pobres porque el Ejecutivo no ha actuado.

Lucio ha presentado una proposición de ley para proteger a los consumidores vulnerables que, en su opinión, debe ser la “base” para empezar a legislar.

La mayoría de los portavoces ha propuesto que la concesión del bono social se vincule a criterios de renta.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha insistido en que hay que definir al consumidor pobre.

Desde En Comú Podem, la diputada Lucía Martín ha pedido que las empresas no puedan cortar el suministro eléctrico sin comprobar antes la situación de la familia y que el pago de las facturas dependa de la renta.

Al margen de la reunión en el Congreso, una veintena de organizaciones sociales ha impulsado la campaña #NoMásCortesDeLuz para denunciar el “drama” de la pobreza energética.

El bono social eléctrico entró en vigor en 2009 y desde 2014 supone un descuento del 25 % que se aplica sobre el importe de la factura.

Se pueden beneficiar de él determinados colectivos vulnerables: hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima.

Al cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social.

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